LA VOZ DE GALICIA
La trama de corrupción investigada en Santiago en el marco de la operación Pokémon incluía el enchufismo, y no solo los sobornos y los regalos, entre los favores a los políticos que supuestamente apoyaban sus intereses. El entramado funcionaba como una auténtica agencia de colocación en la nómina de las concesionarias del grupo Vendex y Aquagest, pero también en otras empresas amigas. Entre los enchufados figuran el marido de la actual portavoz del grupo municipal del PP, María Pardo, o el padre del edil de Deportes, Adrián Varela. También se habrían beneficiado familiares directos del concejal socialista Bernardino Rama y de Gerardo Conde Roa cuando todavía era alcalde.
Estas contrataciones eran gestionadas directamente desde el Concello por el jefe de gabinete del alcalde Conde Roa y al que los investigadores consideran una pieza clave del entramado, Ángel Espadas, así como por el exgerente de la concesionaria de aguas Aquagest, José Luis Míguez; y el delegado de Vendex en Santiago, Alberto Quintana. De las escuchas telefónicas realizadas solo en marzo del 2012 y que están reseñadas en la parte del sumario del caso Pokémon de la que la jueza Pilar de Lara levantó el secreto, se deduce que Adrián Varela estaba intercediendo en esas fechas por su padre ante José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, porque acababa en mayo su contrato en una empresa del grupo investigado.
Espadas recibía numerosas peticiones de empleo y una de las que gestionó, según las pesquisas del SVA, fue la del marido de la concejala de Urbanismo, María Pardo, como queda de manifiesto en una conversación grabada en la que el jefe de gabinete habla con la entonces edila y actualmente portavoz del PPdeG, Paula Prado. «Espadas le comenta que su amigo Plexus [la empresa Plexus, con sede en Santiago] le contó que tuvo que contratar al marido de María Pardo porque se lo pidió ella de no muy buenas formas, lo contrató como autónomo y después llamó al alcalde y le dio las gracias por haberle contratado». Los investigadores añaden que Espadas dice que «le va a mandar a Plexus un montón de currículums que tiene y concretamente a una que quiere su hermano [el hermano de Paula Prado, abogado en Santiago] que le busquen trabajo; Paula dice que sí, que le diga que si quiere compensar [a su hermano]... [que la contrate])».
La diligencias del caso Pokémon también aluden, entre los enchufes gestionados por el exgerente de Aquagest, José Luis Míguez, a una persona a la que el entonces alcalde, Conde Roa, identifica como su primo. En la grabación, el regidor que pocas semanas más tarde tuvo que dimitir tras ser procesado por fraude fiscal, le da a Míguez las gracias por buscarle un puesto de trabajo a esa persona. En charla posterior con un superior, el exgerente de la concesionaria afirma que él ya le dijo al alcalde «que si había sitio de peón, que no vale para otra cosa».
Del enchufismo se habrían beneficiado también familiares directos y amigos de algunos de los principales implicados en la trama, con puestos de trabajo incluso en organismos públicos como el Registro de la Propiedad de Santiago.
Por tráfico de influencias en relación con la cobertura de los puestos de trabajo en la escuela infantil municipal de Salgueiriños está imputado el actual alcalde, Ángel Currás. La gestión de la guardería fue adjudicada a Sermasa, del grupo Vendex, ya bajo el mandato de Currás, en el 2012. Los investigadores creen que el regidor era conocedor del enchufe de los nuevos empleados y que en un caso habría mediado directamente. Sin embargo, no hay indicios de que ni Currás ni la concejala Rebeca Domínguez, también imputada en este caso, hayan colocado a familiares suyos.
Mediación de Bernardino Rama
Las conversaciones grabadas a principios de marzo del 2012 sugieren la mediación del edil socialista Bernardino Rama y del exalcalde y actual diputado Xosé Sánchez Bugallo para enchufar cada uno de ellos a una persona en la concesionaria Aquagest a través de José Luis Míguez, si bien en estos casos tampoco consta relación de parentesco. Por otra parte, Rama habría propuesto personas para la plantilla de la guardería y, meses antes, los pinchazos telefónicos dejaron rastro de su gestión ante Vendex para colocar a un familiar en un organismo público.
La práctica sistemática de enchufismo llevó el caso Pokémon también al Concello de Ordes y ha supuesto la imputación de la teniente de alcalde Silvia Marín, del grupo independiente Unión por Ordes, que gobierna en el municipio coruñés. Los pinchazos telefónicos revelan la mediación de la concejala para que Vendex, concesionaria del servicio municipal de asistencia a domicilio, contratara a la esposa de un concejal de la localidad.
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