Qué ilusos sois cuando creéis que en la justicia existen dos varas de medir. No, hasta la fecha se han contabilizado más de ciento diez y todavía estamos a primeros de mes, muchas de ellas destinadas precisamente a medir las varas de medir.
Todo a cuento de las evoluciones del asunto Montebalsa en Compostela y ahora que uno de los concejales, entre otros funcionarios, ha sido imputado. Tendrá que declarar como tal en unas semanas y otros concejales y funcionarios además del alcalde, harán lo propio pero estos en calidad de testigos.
Imputado, tal vez una de las palabras más hirientes y horrísonas de nuestro derecho procesal, una palabra que es como un cuchillo con hoja por los dos lados y sin mango que corta se coja desde donde se coja, y así seguirá siendo mientras la presunción de inocencia, en España, siga siendo lo más parecido a las suegras. No, esa presunción no está pensada para pueblos como el nuestro.
Siguen pues en sus cuitas populares y socialistas mientras los nacionalistas continúan haciendo el ficus en una esquina, arrojándose de todo lo que tienen a mano, unos pidiendo dimisiones y otros prudencia y apoyo. Se recuerda el caso de la Praxa Roxa nuevamente cuando se absolvió al consistorio de responsabilidad penal olvidando que la sentencia dejó abierta otras vías de responsabilidad civil o administrativa, tan abiertas que ya está llena de ocupas, vanagloriándose sorprendentemente de haber cometido irregularidades administrativas pero no penales. Pero la vara de medir del ciudadano es otra, cualquier mala actuación política, pública, exige una responsabilidad penal siempre, la pena, no en el sentido punitivo sino en el lastimero, la pena de tener que aguantar a estos políticos.
¿Para cuándo una justicia ordinaria que se ocupe exclusivamente de asuntos políticos?
Así que, dice la inefable Santullano, mejor que se callen en el PP de ¡Santiago! mientras existan casos como los de ¡Valencia y Madrid! Y Ángel Espadas pide dimisiones. O ceses. O dimiceses. Ese es el problema de los imputados ¿puede trabajar en la cosa pública alguien que, oficialmente, es sospechoso? ¿Debe dejar de trabajar alguien que, oficialmente, es inocente? La respuesta es si. Y también no. En ambos casos.
La cosa va para largo…
Todo a cuento de las evoluciones del asunto Montebalsa en Compostela y ahora que uno de los concejales, entre otros funcionarios, ha sido imputado. Tendrá que declarar como tal en unas semanas y otros concejales y funcionarios además del alcalde, harán lo propio pero estos en calidad de testigos.
Imputado, tal vez una de las palabras más hirientes y horrísonas de nuestro derecho procesal, una palabra que es como un cuchillo con hoja por los dos lados y sin mango que corta se coja desde donde se coja, y así seguirá siendo mientras la presunción de inocencia, en España, siga siendo lo más parecido a las suegras. No, esa presunción no está pensada para pueblos como el nuestro.
Siguen pues en sus cuitas populares y socialistas mientras los nacionalistas continúan haciendo el ficus en una esquina, arrojándose de todo lo que tienen a mano, unos pidiendo dimisiones y otros prudencia y apoyo. Se recuerda el caso de la Praxa Roxa nuevamente cuando se absolvió al consistorio de responsabilidad penal olvidando que la sentencia dejó abierta otras vías de responsabilidad civil o administrativa, tan abiertas que ya está llena de ocupas, vanagloriándose sorprendentemente de haber cometido irregularidades administrativas pero no penales. Pero la vara de medir del ciudadano es otra, cualquier mala actuación política, pública, exige una responsabilidad penal siempre, la pena, no en el sentido punitivo sino en el lastimero, la pena de tener que aguantar a estos políticos.
¿Para cuándo una justicia ordinaria que se ocupe exclusivamente de asuntos políticos?
Así que, dice la inefable Santullano, mejor que se callen en el PP de ¡Santiago! mientras existan casos como los de ¡Valencia y Madrid! Y Ángel Espadas pide dimisiones. O ceses. O dimiceses. Ese es el problema de los imputados ¿puede trabajar en la cosa pública alguien que, oficialmente, es sospechoso? ¿Debe dejar de trabajar alguien que, oficialmente, es inocente? La respuesta es si. Y también no. En ambos casos.
La cosa va para largo…
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