Audita...Que Algo Queda

No estábamos aquí por la labor de ver con buenos ojos la propuesta de auditoria de cuentas del Concello de Santiago sacada a concurso por su gobierno. Evidentemente, el coste anunciado, un porrón de millones de pesetas, euros arriba, céntimo abajo, y la extrañeza ante el hecho de tratarse de cuentas públicas, derramaban sobre la idea un viso de inoportunidad difícilmente superable. Así lo han entendido también desde la oposición con similares y aplastantes argumentos, lo mismo Rubén Cela que Mercedes Rosón y…¿Sánchez Bugallo? Porque ha ocurrido que las palabras de este último fueron suficientes para obligarnos a detenernos y pensar sobre el tema ya que habló no solo del alto coste, sino de “revanchismo”. ¿Por qué dijo precisamente revanchismo? A partir de ahí todo ha sido elucubrar.

Y es que las auditorias no son cosa de extraterrestres, no hay empresa seria ni entidad solvente que no solo no se preste a ellas, sino que la insta motu propio. Después de haber participado exitosamente en no pocas, comprende uno que no se trata de volver a revisar “las cuentas”, que al fin y al cabo son públicas y cuyo destino contra natura, las ratas del Registro Mercantil, le otorgan un halo de necesidad que convierte en innecesario cualquier posterior revisión. Sí…pero no. El objeto de una auditoria, neutralmente considerado, no es volver a hacer las cuentas, sino desentrañarlas, buscar el motivo de por qué se gastó más o menos, por qué se ingresó más o menos, que hay detrás de esas cuentas formalmente (no queda otra) bien y legalmente realizadas. Y con estas ideas en la cabeza es cuando se vienen a la cabeza diversas situaciones reales. Pongamos por caso…

…el tema de la UMAD, recientemente conocido. Las cuentas eran correctas, la legalidad plenamente observada y la cuenta de resultados impoluta. Y sin embargo, ya conocemos qué se escondía debajo de tanta meticulosidad. …

…o casos, sigamos ahora con otro tipo de hipotéticos ejemplos pensables, de aquellas partidas presupuestarias, legalmente acordadas, puntillosamente cumplidas en sus términos y cantidades que, sin embargo, podrían ocultar una finalidad espuria, pues la obligación era la de dar cuenta de si se gastaban o no y si de si se superaba el margen legal, cosa que no solía ocurrir. Y sin embargo, podía llegar a patrocinarse un evento con tales partidas legalmente aplicadas…con un plus obtenido de otras partidas cuyo concepto cupiera en el anterior hasta obtener un montante interesante que hiciera de dicho patrocinio en realidad una compra, o alquiler, de voluntades actuales o futuras. Y todo ello bajo la más estricta legalidad. Y como este, decenas de situaciones equiparables cuyo desarrollo se hace imposible condensar en estas líneas pero a pocos debe escapar.

Asuntos como estos pueden llegar a conocerse, o no, solo a través de una auditoria, dependerá de la voluntad empleada en su contratación, lo que nos lleva a pensar que si se detecta alguna conducta prevaricante dentro de la legalidad, el ciudadano tiene derecho a conocerla y, consecuentemente, exigir responsabilidad al autor o cómplice. Pero eso, repetimos, dependería de la idea con la que se contrate la auditoria.

¿Será este el “revanchismo” al que se refiere Sánchez Bugallo, la posibilidad de denunciar prácticas que, a fin de cuentas, por conocidas habría que admitir como toleradas? ¿O hay algo aún más allá?

Por lo demás, qué le vamos a hacer, los honorarios de las empresas auditoras externas los fija la ley, y claro que son altos. Pero también se pagan muchas cosas, actos, conciertos, obras, homenajes y mil chorradas que nos escuece en el alma y el bolsillo y que hemos de tragar, cuyo importe supera en mucho el de la auditoria. Negar su realización, bajo este planteamiento, sería admitir que las malas prácticas tienen cabida en nuestra política a condición de que, cuando le toque “al otro”, los “estos” guarden su oportuno silencio. ¿Hemos de resignarnos a admitir tácitamente una posible situación de “corruptela de baja intensidad”? ¿Tenemos los ciudadanos derecho a saber tanto que los anteriores gestores se hayan libres de polvo y paja como esperamos o que, ojalá que no, han existido actuaciones cuanto menos reprobables por no decir más? En manos del Pp está que esto sea eficaz o quede en mera mamarrachada propagandística.