Europa Press
El exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa (PP) y quien
era su jefe de Gabinete, Ángel Espadas, alentaron al empresario Antonio Murcia,
de Imprenta Ibérica, a ir "a saco a por ellos en el juzgado" con su
demanda contra el anterior gobierno municipal del PSOE, puesto que detectaban
"un tema de un calado de la leche". "Un tema de financiación
irregular", sostiene Espadas en una conversación telefónica intervenida en
febrero de 2012 en el marco de la Operación Pokémon.
En la parte de la investigación que dirige la jueza de Lugo
Pilar de Lara sobre la cual ya se ha levantado el secreto de sumario, a la que
ha tenido acceso Europa Press, figuran una serie de conversaciones que sugieren
una facturación falsa y financiación ilegal del PSdeG en Santiago.
El pasado mes de noviembre, Pilar de Lara organizó la Pokémon
en diversas piezas, una de las cuales investiga esta supuesta financiación
irregular de los socialistas compostelanos utilizando a Imprenta Ibérica que,
en connivencia con otras empresas, entre ellas Aquagest, "habrían
elaborado facturas falsas por un elevado importe de dinero", lo que
"podría constituir un delito de falsedad documental y delito
electoral". En esta pieza hay cuatro imputados: el edil socialista
Bernardino Rama; los exresponsables de Aquagest en Galicia, José Luis Míguez y
Henry Gómez Laíño, así como Antonio Murcia, de Imprenta Ibérica.
No obstante, otra pieza separada la dedicó, por su parte, a
"posibles irregularidades en la financiación del PP mediante la aportación
de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios" en el
Consistorio compostelano y "pagos de dinero para sufragar actos del
Ayuntamiento y actos ajenos completamente a la actividad municipal, pero que
responden a compromisos electorales o de algún cargo político".
MOVIMIENTOS DESDE
ALCALDÍA
En la parte del sumario sobre la cual ya se han levantado las
cautelas figuran conversaciones desarrolladas en febrero de 2012 en las cuales
queda patente "el interés" de Espadas por reunirse con el dueño de
Imprenta Ibérica, tras enterarse de que había denunciado al anterior equipo de
Gobierno, del PSOE, y a una serie de empresas, entre ellas Aquagest.
Espadas habla en varias ocasiones con el entonces alcalde
sobre el tema, en una de las cuales le comenta que "es una cosa parecida a
Filesa". "Gerardo (por Conde Roa) me dice que le dé para adelante al
tema, joder", afirma Espadas en otra conversación del 16 de febrero de
2012 con Javier Ruiz de Cortázar (presidente de la Asociación de Clubes
Náuticos Gallegos).
"Yo estuve ayer con Antonio Murcia y le dije, mira
Antonio, esto o les amenazas directamente y te vas a saco a por ellos en el
juzgado o no te van a pagar", le dice a este mismo interlocutor, quien
replica que "Bugallo (por el exalcalde Xosé Antonio Sánchez Bugallo) no
querrá que salga un escándalo como los que están saliendo en Andalucía".
"Pues esto, esto es peor, eh", le responde Espadas.
"Me imagino que ahí estarán pringados no sólo Bugallo,
sino Rama, Rosón (por la concejal socialista Mercedes Rosón)", le comenta
Ruiz de Cortázar. "Eso es Rama todo; el 90% es Rama", le responde
Ángel Espadas, quien fue detenido en la Operación Manga, derivada de la
Pokémon, y quien más adelante solicita: "Tú dile que tire para adelante,
que meta todas las demandas que pueda y que en 15 o 20 días..., Gerardo quiere
también hablar con él".
El delegado de Aquagest en Santiago hasta su detención, José Luis
Míguez, al cual llaman "el pequeñito", es quien ejerce de
intermediario para poner en contacto al empresario de Imprenta Ibérica con
Espadas, a quien algunos interlocutores tienen el mote de "el
puñales". Pero este cargo de Aquagest no reconoce que su empresa haya
contraído deudas con Murcia "subvencionando partidos políticos",
"a no ser que los del PSOE le dijeran que si salían ellos (en las
elecciones) esta gente le pagaban todo".
400.000 EUROS DE DEUDA
En otra conversación de José Luis Míguez con otro interlocutor
sin identificar, el entonces cargo de Aquagest señala que "pusieron a
Bernardino Rama (PSOE) una empresa" y que "en las elecciones les
quedaron a deber 400.000 euros y le dijeron que cuando ganaran, las empresas le
pagaban la deuda". Sin embargo, los socialistas perdieron la alcaldía en
2011, con lo que Murcia habría sido consciente de la imposibilidad de cobrar,
lo que provocó dificultades económicas para su imprenta, porque además, no
todos los compromisos de pago estaban documentados.
En otras conversaciones del entonces delegado de Aquagest en
Santiago con el responsable en Galicia, Henry Laíño, se habla de una cantidad
de 60.000 euros "que había acordado con Luaces" y que "viene de
2007, de una revista que editaba Bugallo" y que "lo pagaban los
empresarios". "Él le sigue reclamando los 60.000 de la boda de
Bernardino", añaden en la secuencia de esta conversación.
En las diversas conversaciones intervenidas por Vigilancia
Aduanera también se hace referencia al exalcalde socialista de Santiago y a
Bernardino Rama en otro punto en el que Henry Laíño le comenta a José Luis
Míguez que se encontró con Bugallo y el edil, y le pregunta "si hay algo
conflictivo". "Lo único los dos trabajadores que se habló de
meter", le responde el delegado de la empresa en Santiago, pero su
superior le apostilla que "el de Bugallo, el del restaurante está
allí", y al que no llamaron "fue al otro", aunque barajan que el
interés del exalcalde por reunirse "a lo mejor viene por lo otro".
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