¿Judicialización De La Política Compostelana?

Uno cree en la Justicia como en el Ratoncito Pérez, con cariñoso recelo pero sin necesidad de apostatar de las monedillas que nos deja. La cosa está en cuando se la mezcla con la política, como cuenta La Voz de Galicia en un artículo del que se ya han hecho eco en Compostela por tratar precisamente de la irrupción en estrados de la tarea del gobierno municipal, no solo de casos habidos sino de lo que al parecer se nos avecinan cuando amenazan querellas como chuzos de punta.
La práctica de años enseña que llevar al juzgado la política municipal trae como primera consecuencia que los asuntos de los ciudadanos, ese pueblo del que al parecer emana la justicia y se administra en nombre del Rey (sic) y bla, bla, bla se ven retrasado hasta que su señoría, la de él, resuelva la controversia política, la de ellos, en los tribunales, los nuestros, posiblemente años luz de neón después y cuando a nadie ya interese porque los titulares de los periódicos serán ya suplentes en nuestra mala memoria.
Pero malo, siempre malo. Si se absuelva a la administración, tiempo perdido; si se la condena dinero perdido; y en ambos casos el tiempo y el dinero es el nuestro. Bien se comprende el efecto mediático de una denuncia a tiempo, pero ocurre que esa disputa se libra en cabeza ajena, la nuestra, que se empieza pretendiendo una condena a una administración y se acaba aplaudiendo a Obama, señores. Así se entiende por qué se prohibieron los ‘tribunales de honor’, porque nadie sabía ya qué era eso del honor ni para qué servía.
Lo que se denomina “judicialización de la política” no es un síntoma de normalidad democracia sino de idiotización política, un juego con nuestros recursos, una apelación partidista, una queja en un desierto de ideas, una alzada para inútiles, una casación para un divorcio con la sociedad, un amparo de aprendices profesionales.
Esa judicialización, con tener sus atractivos, es solo síntoma de haber desaparecido el respeto a la ciudadanía, cuando el mentir es impune. No es el caso de los administrados, nosotros, al relacionarnos con la administración, no; entre partidos políticos, sean gobierno u oposición, la demanda, la querella, la denuncia, la queja, el recurso, lo que usted quiera, ha de tener siempre nombres y apellidos, los del actor y los del demandado, del alcalde en su caso o del concejal fulanito, denunciado o lo que vaya a ser, filiación y sobre todo dinero propio con el que pagar las costas el que pierda. No es justo jugar a denunciarse con dinero público, como tampoco es pagar el desfeito de una condena con ese mismo dinero. ¿O sí? Cuando entienda de política responderé, hasta entonces esto no parecerá más que un negocio simulado.