La casualidad es una de aquellas cosas que nunca ocurren por
azar, una potencialidad del ser humano que le es dada por mano del destino, el
mismo que llevó por reparto al turno del juez Vázquez Taín la instrucción del
llamado Caso Códice, a él, porque precisamente hacía “(…) tiempo que me rondaba
en la cabeza la idea de relatar el mito de Santiago desde una perspectiva
histórica(…)” , torrente de
casualidades que ha culminado con otra voluntad, la de una editorial que
deseaba publicar un libro, una novela histórica en realidad, sobre el asunto. Miel
sobre hojuelas cosidas y encuadernadas, "La leyenda del santo oculto".
Y aún hay quien habla groseramente
de oportunismo. Porque no es lo mismo estar interesado en publicar un libro que
aborda asuntos judiciales sobre los que debe pronunciarse, que tener interés,
directo o indirecto, en esos asuntos aun por vía de dicha publicación. Y
decimos que no es lo mismo porque de tener interés podría ser recusado, no
porque lo digamos nosotros, sino la antipática Ley del Poder Judicial (Art.
219). ¿Es posible pensar que el juez Vázquez Taín tenga interés, directo o
indirecto, en una causa sobre la que, siquiera incidentalmente, anuncia que va
a publicar una novela aun antes de haber acabado la instrucción? Dígalo usted,
lector, nosotros no podemos porque ignoramos si dicha publicación es altruista
o benéfica o por el contrario generará beneficios para él, la editorial, para
ambos o para nadie.
Pero hay más y no menos
contundente. Afirma el juez que para escribir el libro “(…)señaló que su labor
profesional como magistrado le ha "permitido comprobar datos reales(…)". , es decir,
acceso a documentos por razón de su cargo, de los que se ha servido para
escribir la obra, la que podría generarle beneficios económicos. Recapitulando sobre
este punto, gracias a su condición de juez instructor ha tenido acceso a
documentos y datos posiblemente vetados al resto de ciudadanos, gracias a ellos
escribirá la novela y generará beneficios. No en vano hay quien, en círculos
jurídicos habla de posible prevaricación, aspecto este sobre el que preferimos
no entrar.
No es este, por lo demás, el único
aspecto que ensombrece la labor policial que encumbró al magistrado como héroe
para una parte de la ciudadanía, siempre la misma. Las filtraciones sobre su
actividad instructora, centrada en el tratamiento dado al acusado, ha hecho
afilar las orejas a más de uno. Sabido es que el electricista parece tener la
inteligencia justa para acabar el día lo cual, ¿no obliga a tener una especial
mesura y responsabilidad? Ser tonto no es, todavía, delito. Aprovechar de un
tonto para ganar dinero, nunca se sabe. Los linchamientos públicos, como las
lisonjas consentidas, es lo que tienen.
Demasiadas incógnitas como para obtener una conclusión, pero ¿es necesario llegar a esta situación? ¿Hace falta sembrar dudas sobre la honorabilidad de un profesional de la judicatura por unas pocas monedas? Bueno, puede que en parte dependa de él.
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