Europa Press
La jueza instructora de la 'Operación
Pokémon', Pilar de Lara, formó una pieza separada sobre la
portavoz del PPdeG, Paula Prado, al hallar en el comportamiento de la
diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de
infracción penal". Ante su condición de aforada, preguntó al
Ministerio Fiscal sobre si procedía elevar "exposición motivada" al
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque de momento no se
ha concretado su imputación.
Así consta en un auto con fecha 2 de
diciembre de 2013, incluido en una nueva entrega a las partes del sumario de la
Operación Pokémon, a la que ha tenido acceso Europa Press. La jueza ampara su
decisión fundamentalmente --según alega en el apartado de fundamentación
jurídica-- en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, documentación
incautada, conversaciones telefónicas y declaraciones prestadas en el marco de
la Operación Pokémon.
En su argumentación, De Lara subraya que,
"sin perjuicio de la investigación del órgano competente", de los
informes del Servicio de Vigilancia Aduanera "se infiere la
participación" de la exconcejala compostelana en "el pago de una
factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya',
para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en
"adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
El auto alude, asimismo, a
"influencias" en las que habría intervenido Prado con el entonces
también concejal Albino Vázquez y Adrián Varela, también compañero suyo en el
Consistorio, para "beneficiar económicamente a su cónyuge en su actividad
de venta de materiales textiles", entre ellos a los Ayuntamientos de
Santiago y Boqueixón, "empleando para ello a terceros intermediarios para
no involucrar su nombre como proveedor".
Añade la jueza que éste --a quien ha
ordenado investigar-- "habría utilizado estratagemas como la de facturar,
por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por
un lado a Servicios y Materiales, del Grupo Vendex, y a través de otra empresa
de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", remarca el auto.
SUPUESTOS ENCHUFES
En tercer lugar, el auto se refiere a la
"influencia" de la portavoz del PPdeG en la contratación de
determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su
partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del
Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a
los puestos de trabajo".
"Independientemente de otros
supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado
supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa,
adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente
podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de
terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente
de apertura o cierre por ruidos", agrega el auto judicial.
En esta coyuntura y ante la
"condición de aforada" de Prado, la jueza concluye que hay que abrir
una pieza separada de las presentes actuaciones a fin de determinar en la misma
"si procede o no elevar la pertinente exposición
motivada", previo traslado al Ministerio Fiscal.
Dicha pieza separada, incoada como
"diligencias previas", incorpora todos los informes presentados por
Vigilancia Aduanera sobre Prado --los relativos a la escuela infantil de
Salgueiriños y contratación; el de conversaciones telefónicas de la portavoz
del PPdeG; el relativo al espectáculo 'La Abeja Maya'; y el que atañe a las
actividades de su marido. También suma una copia de la declaración que Prado
prestó como testigo en el marco de la causa.
Bajo secreto de sumario permanece la
declaración de la portavoz del PPdeG, quien esta mañana anuló la visita que
tenía prevista al mercadillo de Fisterra (A Coruña) dentro de los actos de la
campaña para las europeas. Con fecha del pasado 9 de mayo, la jueza Pilar de
Lara firmó la prórroga del secreto de sumario que también atañe a declaraciones
del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, la concejala Amelia González, el
exedil Albino Vázquez y el marchante Leonardo Patterson, así como sobre folios
concretos de más de 70 tomos, de los 120 en los que está dividida la causa.
DECLARACIÓN BAJO
SECRETO
La portavoz popular ha evitado en las
últimas semanas realizar declaraciones ante los medios de comunicación, pero
después de trascender que De Lara investigaba a su marido, sí emitió un
comunicado en el que defendió que "nunca intercedió" por la actividad
profesional de su marido ni por "ninguna de las empresas" para las
que él trabajó. En lo que a ella atañe, agregó que "nunca en su vida"
alteró el precio de contrato público alguno.
Prado también aprovechó la nota emitida
para remarcar que, pese a que el juzgado ya conocía el informe de Vigilancia
Aduanera "no sólo mantuvo su condición procesual" --no está
imputada-- sino que, tras responder a "todas y cada una" de las
preguntas de la jueza, su condición de "testigo" en la causa "no
cambió un ápice".
La dirigente popular lamentó que se
hiciese público un informe que "arrojaba dudas" sobre sus actuaciones
como cargo público, pero no se trasladase también el contenido de su
declaración en el juzgado, en la que --aseguró-- aclara "todas y cada una
de las cuestiones" que pudieron ser interpretadas "de una forma
errónea" y que permanece bajo secreto.
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